La derecha quiso compensar el desfile de militares en los tribunales -que tanto atormentó al difunto- con el desfile inútil de sus rivales políticos. Es probable que los vericuetos del duelo le hayan impedido actuar con mayor racionalidad. La derecha no podía creer la oportunidad que tenía por delante. Algunos incluso se ilusionaron con que alguien en el más allá intercedía por ellos.
Mientras se enjugaban las lágrimas y discutían en la municipalidad qué calle tendría el honor de llevar el nombre del finado, se oyó una voz vacilante y confusa. Sobre todo confusa. Era Gonzalo Martner afirmando que los partidos de gobierno se financiaron con gastos reservados.
Martner será confuso, pero fue subsecretario.
Por eso lo que dijo bastó. Un grupo de parlamentarios y dirigentes de derecha suspendieron el duelo y pusieron manos a la obra. Solicitaron se investigara el uso de los fondos reservados, citaron una y otra vez las palabras de Schaulsohn y Boeninger, confundieron la política con un litigio forense, y ya en el colmo del entusiasmo, o casi en el paroxismo, acusaron al gobierno de Bachelet de ser ilegítimo. ¡Ilegítimo! Nada menos. Sólo faltó que alguno de sus juristas citara a la escolástica española y alegara el derecho de rebelión.
Insulza desde la distancia recordó que había un compromiso, un pacto de caballeros, para no investigar lo que ahora la derecha quería saber.
Lagos Weber en vez de razonar, desgraciadamente hizo mofa del asunto. Y la Presidenta dijo que los chilenos no se vendían, torciendo así el sentido de las imputaciones.
Como usted ve, la racionalidad no apareció por ninguna parte. De lado y lado, puros ruidos y furias.
¿Valdrá la pena poner algo de orden, al menos conceptual, en este asunto? Hagamos el intento.
Ante todo, sería útil distinguir entre los gastos reservados, los fondos para asignación directa y el financiamiento de las campañas.
Los primeros están, por definición, atados al secreto y reposan sobre la confianza ciega. Y hasta el año 2003 su malversación era un delito imposible (puesto que la ley no les atribuía ningún destino específico que pudiera ser traicionado). Ese año se hizo el esfuerzo -si puede llamarse esfuerzo a algo que se pareció a una transacción entre vendedores de autos usados- por reglar su uso.
Fue inútil. Las desconfianzas no se disiparon.
Y es que donde existe un secreto (como ocurre inevitablemente con los gastos reservados) hay un amplio campo para la sospecha y una amplia oportunidad para cometer ilícitos. Y algo todavía peor: ni los imputados pueden defenderse, ni los acusadores probar. El resultado es el desprestigio de todos. Entonces la lección parece obvia. Hay que escoger entre la transparencia absoluta del gasto público (tomando el riesgo de seguridad que eso puede significar) o la tolerancia de un cierto umbral de opacidad (y en ese caso tomar el riesgo de tener ilícitos). Lo que no se puede es, simultáneamente, tener fondos reservados y la certeza de la probidad. No se puede. La tercera vía no existe y hay que elegir.
Distinto es el caso de los fondos de uso discrecional o de asignación directa. Aquí no hay razones de Estado que obliguen a asumir riesgos severos. Nada impide que exista información completa acerca de su empleo, se aminore la discrecionalidad de la asignación, aumente la transparencia y se persiga sin sosiego a los rapaces.
El caso del financiamiento de las campañas es, en fin, otra cosa. Hasta hace muy poco, el financiamiento de las campañas estaba entregado a las reglas generales. Es decir, a las normas sobre donaciones.
Pero todos sabemos que esas reglas se transgredían de lado y lado. Y en ambos casos se sacrificaban dineros públicos. La derecha porque sus donantes simulaban gastos que disminuían su base impositiva (de manera que parte de la donación era una renuncia fiscal) y la Concertación porque disponía de todas las ventajas del incumbente y de la posibilidad de solicitar donaciones a funcionarios públicos (algo que en la literatura se llama extorsión).
Por supuesto nada de lo anterior significa que las denuncias de la derecha carezcan de valor. La verdad de los enunciados es independiente de la calidad moral o la historia de quien los enuncia.
Pero -no vale la pena engañarse- denunciar actos de corrupción e identificar las prácticas que los hacen posibles, es distinto que malescribir denuncias tan amplias y tan toscas que equivalen casi a una solicitud para que el poder judicial efectúe una auditoría completa al gobierno y al Congreso. Es como para pensar que, en estos días fúnebres, la derecha quiso compensar el desfile de militares en los tribunales -que tanto atormentó al difunto- con el desfile inútil de sus rivales políticos. Es probable que los vericuetos del duelo le hayan impedido actuar con mayor racionalidad.
En vez de emprender ese litigio sin sentido (la denuncia que presentaron es lo más parecido a la "inquisitio generalis" de la Iglesia Carolingia: llegaba el Obispo, ponía en fila a los habitantes del pueblo y preguntaba si alguien había pecado) la derecha podría exigir de aquí en adelante información completa del destino del gasto público; instruir a sus diputados y senadores para que promuevan una ley que regule el lobby y el conflicto de intereses; vigilar que la fiscalía se comporte ágilmente en los casos de corrupción; alentar a que el servicio electoral revise bien las cuentas (incluso de sus candidatos); promover el financiamiento público de los partidos; empeñarse en la reforma a la Contraloría; hacer públicas las declaraciones patrimoniales y de intereses de sus parlamentarios; e instruir a sus futuros candidatos a desalentar el uso de donaciones reservadas.
Recién ahí parecería que de verdad tiene interés en gobernar. Si no toda esta alharaca será, de nuevo, como sacarse la suerte entre gitanos.
